La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en Cuba actúa como herramienta de control y represión, alineada con el Partido Comunista. La reciente protesta estudiantil contra el aumento de tarifas de ETECSA reveló tensiones. La respuesta estatal fue la intimidación, mostrando que la FEU, en vez de defender a los estudiantes, colaboró con el régimen.
El sistema de recargas en Cuba distorsiona el apoyo familiar, donde solo el 6% del dinero enviado realmente llega al receptor, generando una pérdida del 93.9%. Esta situación no solo es económicamente abusiva, sino que manipula la comunicación y la afectividad entre familiares, convirtiendo el amor en un negocio controlado por el Estado.
El artículo analiza críticamente las restricciones internas sobre el acceso a la tierra en Cuba, argumentando que estas generan obstáculos más profundos para los derechos humanos que el embargo estadounidense. Se concluye que el control estatal sobre la tierra limita la autonomía rural y perpetúa la vulnerabilidad de la población, impactando su bienestar y derechos fundamentales.
Este trabajo analiza la odorología forense en Cuba, resaltando su uso como única prueba incriminatoria y sus implicaciones para el debido proceso. Aunque se ha institucionalizado desde 1989, existen dudas sobre su validez probatoria y falta de estándares y supervisión. Se sugieren reformas para garantizar derechos fundamentales en el ámbito penal.
La publicación aborda la técnica forense de la «huella de olor» en Cuba, utilizada desde hace más de 30 años para identificar penalmente. Analiza su confiabilidad, riesgos legales y comparación con prácticas internacionales. Se propone una discusión crítica sobre su uso como única prueba incriminatoria en un sistema con frecuencia violatorio de derechos.
Este artículo analiza los compromisos y realidades de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos. A pesar de ser parte de varios tratados internacionales, el Estado cubano ha incumplido repetidamente sus obligaciones, careciendo de voluntad política para adaptar su legislación interna a las normas internacionales. La comunidad internacional debe considerar estos incumplimientos al evaluar su continuidad en el Consejo.
